Hay que mitigar el impacto ocasionado por la Convocatoria 437 de 2017 con soluciones ajustadas a la ley: Ospina Gómez.

Foto Alcaldía de Cali

Como se conoce, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a través del concurso de méritos 437 de 2017, ofertó 1664 vacantes de las cuales 947 corresponden a la Secretaría de Educación, 712 se financian con recursos propios y 5 son del Concejo de Santiago de Cali.

Hasta allí, todo bien. La complejidad del asunto radica en que antes de realizar la convocatoria no se caracterizó a la población que ocupaba las vacantes provisionales, algunas de ellas en situación de estabilidad laboral reforzada.

Según Rafael Fernando Muñoz Cerón, subdirector de Gestión Estratégica de Talento Humano “ese tema no se visualizó antes de hacer la convocatoria. De haberse adelantado esta tarea, previa a la oferta de las vacantes, hoy la situación sería diferente”.

“La CNSC manifiesta que la vinculación con el Estado se hace por méritos; sin embargo, hay otras situaciones de ley que determinan que este tipo de casos hay que protegerlos.   De un lado tenemos la lista de elegibles que deben posesionarse en su cargo porque es un derecho adquirido y por el otro, la protección constitucional del provisional, que también es un derecho. Esta es una situación compleja”.

Hoy, para solucionar un problema con tantas aristas, se crearon equipos interdisciplinarios y una mesa técnica que adelantan los estudios requeridos, de manera responsable y ajustada a la ley. “A cada persona se le construye un expediente con las evidencias, como soporte de la labor realizada a conciencia, responsable, la hemos estudiado con pinzas, abordando el contexto y todo lo que genera esta situación”, explicó el subdirector.

En la Secretaría de Educación se ha trabajado con las primeras listas elegibles en firme, las cuales fueron expedidas con la CNSC, el pasado 24 de enero y se adelantan las acciones administrativas necesarias para culminar el proceso.

 A la fecha, en ese organismo, 44 funcionarios provisionales que ostentan alguna situación de estabilidad laboral reforzada; entre los servidores provisionales financiados mediante recursos propios se identificaron 13 casos que posiblemente serán protegidos.

En cuanto a los provisionales que gozan del fuero sindical, el directivo explicó que existen sentencias que determinan que no es necesario levantar el fuero sindical para que un funcionario que acredite esa situación ocupe un cargo provisional. 

Muñoz Cerón dijo que “el alcalde ha tenido la mejor voluntad de resolver esta situación. Por ello no se puede hablar de masacre laboral, ésta más bien se produjo cuando ofertaron todas las vacantes sin mirar las afectaciones, ahora hay que resolver esta situación”.

Ospina Gómez, a través de sus representantes, en encuentro con sindicalistas y funcionarios de la Secretaría de Educación, donde estuvieron como garantes un senador, dos concejales, un diputado y una delegada del Ministerio del Trabajo,  manifestó “hay que buscar soluciones que se encuentren en el marco de la ley. Primero revisar y cubrir a quienes están en estabilidad reforzada.  Incluso hay que tratar de preservar la memoria institucional y a aquellas personas que desempeñan el servicio con alta calidad, siempre y cuando la planta de cargos y los recursos lo permitan”.

De otro lado y para mitigar el impacto, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional/Subproceso Desvinculación y Retiro del Talento Humano, desde ya adelanta programas  y acompañamiento psicosocial para que las personas que se retiran vayan con otra visión y alternativas. Ospina Gómez indicó que deben  trabajarse sobre temas de emprendimiento para los provisionales que dejan sus cargos.

Elizabeth Muñoz Garzón

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