Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país manifiestan su preocupación frente a la prohibición de la pesca deportiva en Colombia

Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad y ahora ven en riesgo la generación de ingresos de manera lícita y en armonía con el medio ambiente.

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Frente a la sentencia de la Corte Constitucional (C148-22) que declara inconstitucional la
pesca deportiva, afecta a miles de familias rurales, indígenas y campesinas que derivan su
sustento de esta actividad.

Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país manifiestan su preocupación frente al tema y señalan que Colombia cuenta con especies únicas, lo que la ha convertido en un paraíso para pescadores deportivos y ha generado todo un tejido de desarrollo sostenible en las zonas más alejadas del país.

Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva les preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta a las comunidades indígenas y a todos las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca. Creen que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las
comunidades de vincularse a una economía limpia, sostenible y por sobre todo afecta el
bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y
retroalimenta.

La Pesca Deportiva tiene un valor estratégico enorme en la conservación. En Colombia se generan alrededor de COP $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país.

Delio Suárez, Capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del
departamento del Guainía, señala que “Hacemos un llamado respetuoso a la Corte
Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que
dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”.

Dicen estar comprometidos con proyectos que tengan en cuenta el aspecto ambiental, social y económico y que generen desarrollo de una manera respetuosa con el medio ambiente; por eso están prestos a colaborar en la construcción de la normativa que se considere necesaria para continuar con esta actividad que pone al país entre los 5 mejores
destinos turísticos para su desarrollo.

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