220 niños, niñas y adolescentes migrantes del Valle del Cauca y Nariño, harán parte de un proyecto para proteger su derecho a crecer en familia

El proyecto también ofrecerá asistencia técnica a 130 funcionarios de las autoridades locales de estos departamentos, en derechos humanos y atención con enfoque diferencial a población migrante.

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Imagen cortesía de USAID

220 niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela, que actualmente viven en Cali (Valle) y en Pasto e Ipiales (Nariño), harán parte de un proyecto liderado por la organización internacional Aldeas Infantiles SOS en Colombia, en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID, con el objetivo de mitigar el impacto de posibles riesgos de vulnerabilidad hacia la niñez migrante y garantizar su derecho a crecer en familia.

     Los participantes recibirán apoyo psicosocial y orientación sobre el reconocimiento de sus derechos, así como acompañamiento permanente para reunificarse y reencontrarse con sus familias, en los casos en que hayan sido separados de sus padres.

El proyecto, que finaliza en octubre de 2022, también busca fortalecer las capacidades de 130 funcionarios públicos de estos dos departamentos, en torno a la protección y manejo de los derechos de la población migrante, en especial de los niños, niñas y adolescentes; así como generar espacios para el fortalecimiento de capacidades de crianza con 80 familias (especialmente de Cali).

Según afirma Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS en Colombia, “con este proyecto buscamos aportar a la problemática de desprotección que viven actualmente miles de familias migrantes venezolanas en Colombia, a través del fortalecimiento de capacidades de crianza con sus hijos e hijas, del acompañamiento psicosocial y de orientación para el acceso a servicios para la protección integral y la garantía de sus derechos”.

La situación migratoria en el Valle del Cauca y Nariño

Colombia es el primer país receptor de población refugiada y migrante procedente de Venezuela con más de 2 millones de venezolanos, de los cuales el 56.4% se encuentran en situación migratoria irregular, hecho que incrementa los niveles de vulnerabilidad y dificulta el acceso a educación, protección, salud, alimentación, trabajo, asistencia e información sobre sus derechos.

Las mujeres, niños y niñas y adolescentes no acompañados y separados, enfrentan las mayores complejidades debido a su edad, a la falta de recursos y, en algunos casos, a la falta de acompañamiento de sus familias, exponiéndose a riesgos de desprotección como: reclutamiento forzado por parte de grupos armados; tráfico humano; explotación sexual; trabajo infantil; consumo de sustancias psicoactivas; embarazo adolescente; xenofobia y discriminación; violencia sexual; entre otros.

Cifras del ICBF señalan que entre 2018 y 2020 han ingresado al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) 5.558 niños, niñas y adolescentes venezolanos (58% niñas) debido a violencia sexual (25%), omisión y negligencia (19%), falta absoluta o temporal de los responsables (10%) y niños, niñas y adolescentes no acompañados (9%).

El Valle del Cauca alberga a más de 89 mil migrantes venezolanos, y su capital, Cali, a más de 59 mil, siendo una población que se encuentra en un gran número de situaciones de riesgo al no contar con acceso a servicios básicos de salud y educación; solo el 39% de esta población ha conseguido alguna fuente de ingresos en los últimos meses.

Por su parte, en el departamento de Nariño, se estima que hay más de 14.500 migrantes venezolanos, concentrándose el 45% en Pasto y un 34% en Ipiales, de los cuales 3.243 son niños, niñas y adolescentes.

Fuente USAID

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