Pobreza bajó, pero persiste la desigualdad

Entre 2002 y 2015 el ingreso promedio real per cápita en Colombia creció un 40 %, pero la desigualdad solo se redujo un 8 %.

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Lo anterior se debe a que aunque el auge económico de la primera década del siglo XXI permitió reducir la pobreza en términos generales, no logró cimentar una estructura sólida que insertara a los grupos más vulnerables tanto al sistema productivo como al mercado laboral formal.

Así lo evidenció en un estudio Roberto Mauricio Sánchez Torres, profesor de las universidades Nacional de Colombia y La Salle, durante el Seminario “Reducción de la pobreza en Colombia 2002-2015”, organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), y realizado en la Facultad de Ciencias Económicas.

La pobreza en Colombia presenta fuertes heterogeneidades territoriales: mientras la región Caribe –con el 22 % de los habitantes del país– concentra el 31 % de los pobres, Bogotá –con el 17 % de la población– tiene el 6,3 %.

Estos datos evidencian que los beneficios del ciclo económico expansivo vivido por la nación en la década pasada no tuvieron el “efecto derrame” que –según algunas perspectivas– tendría que haberse dado; esto es, que el aumento del ingreso per cápita hubiera beneficiado a todas las capas sociales en todo el país.

El profesor Sánchez explicó que el crecimiento del ingreso familiar que afrontó el país durante ese periodo se debió no solo al buen precio internacional de las materias primas, sino a un bono demográfico que redujo la tasa de dependencia económica, lo que significó contar con más personas en edad productiva.

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Pobreza en acción

Uno de los casos que expuso fue el de “Familias en acción”, una estrategia que a pesar de aumentar el ingreso de los hogares vulnerables y atajar la profundidad de la pobreza no es igualmente efectiva en reducir la incidencia de la pobreza (porcentaje de pobres).

El docente sostuvo que este programa es útil como estrategia de política de corto plazo, pero en el largo plazo se deben formular mecanismos para reducir las trampas de la pobreza y contribuir a que los hogares salgan de ella por sus acciones y no por su condición económica.

De este modo, lo que se requiere –según el investigador– son paquetes robustos de generación de empleo de calidad, sobre todo para grupos vulnerables como desplazados o madres cabeza de hogar, todo con políticas articuladas entre las entidades del Estado.

Diferencias regionales

Durante su presentación, el académico manifestó que al utilizar la metodología de umbral de pobreza monetaria absoluta y el ingreso per cápita familiar como identificadores del bienestar, la población pobre se ha reducido, al tiempo que se han incrementado los niveles de ingreso de los hogares que continúan siendo pobres, pero esa situación se ha presentado con fuertes heterogeneidades entre las regiones del país.

“Cauca y Chocó afrontan grandes problemas de acceso a bienes y servicios sociales, bajos niveles de ingreso y restricciones en la inserción al mercado laboral, y por eso tienen los mayores niveles de pobreza de la Costa Pacífica. Sin embargo, esta se halla más generalizada en la Costa Atlántica.

Un dato particular es que los departamentos más pobres no son necesariamente los de mayor desigualdad; por ejemplo Antioquia tiene niveles de desigualdad elevados y niveles de pobreza inferiores al promedio nacional.

En Bogotá, también con una tasa de pobreza baja, el desafío es reducir su profundidad y superar las amplias brechas sociales”, destacó el docente.

Lo anterior pone de manifiesto que aunque el crecimiento económico mejora la situación laboral y aumenta el empleo y los salarios, no es lo único que cuenta a la hora de aliviar la situación de los segmentos de población más vulnerables.

En efecto, el 78 % de quienes se ubican en este grupo socioeconómico se insertan en empleos del sector informal, en el que carecen de garantías básicas de bienestar como estabilidad en el ingreso o cobertura pensional.

“A lo que nos llevan estos análisis es a que se deben hacer esfuerzos distributivos más loables para reducir efectivamente la pobreza, en especial en las áreas rurales, máxime en las actuales circunstancias, cuando esa reducción se ha estancado. Por eso son necesarias políticas públicas y tributarias que le den mayor peso al bienestar social y, como plantea la Cepal, a “la igualdad en el centro del desarrollo”, reconociendo los posibles conflictos de interés y transcendiendo las coyunturas políticas”, enfatizó el conferencista.

Cortesía Unimedios Por: fin/CID/MLA

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